Injustica y crimen: el mutismo de la OIT frente a la matanza de cuatro dirigentes ashánincas

A los emprendimientos, nacionales o internacionales, que dañan la Amazonia y no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio y a su demarcación, a la autodeterminación y al consentimiento previo, hay que ponerles los nombres que les corresponde: injusticia y crimen.

Exhortación Apostólica Postsinodal, Querida Amazonia, del Santo Padre Francisco, 2 de febrero de 2020.

 

El 1 de septiembre de 2014, en la Región de Ucayali (Perú) fueron asesinados Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo. Los cuatro indígenas ashánincas asesinados eran dirigentes de una pequeñísima comunidad – la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto. Recurriendo exclusivamente a mecanismos pacíficos, la comunidad indígena trató de hacerse escuchar de las autoridades y lograr el respeto y el derecho de la consulta previa y los derechos territoriales establecidos en el Convenio núm. 169, ratificado por Perú.

Al reposarse en un varadero del Río Putaya, atravesando la selva para participar en un encuentro con otra comunidad indígena del lado brasilero, los dirigentes indígenas fueron emboscados por unas quince personas, socios y empleados de José Carlos Estrada Huayta, un empresario maderero. Con la complicidad de las autoridades nacionales y regionales responsables de demarcar los territorios y proteger los recursos forestales, José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores habían montado una organización que remuneraba a quienes talaban en el bosque y transportaban la madera por los ríos para ser comercializada desde Pucallpa, la capital de la Región de Ucayali. 

Pocas semanas después de la matanza, la Confederación Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), el sindicato al que había pertenecido Edwin Chota Valera, con el apoyo de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), presentaron una reclamación ante la OIT.

Algo menos de dos años después de la matanza, en junio de 2016, un comité tripartito compuesto por un diplomático venezolano, una representante sindical y un abogado empresarial colombiano, comprobó que los dirigentes ashánincas fueron asesinados como resultado de la falta de cumplimiento del Convenio núm. 169 por parte de las autoridades nacionales y regionales competentes. En el párrafo 267 del informe del comité tripartito se identificaron a los cinco principales involucrados en el homicidio calificado de los cuatro dirigentes indígenas de Saweto. Pese al señalamiento en un informe internacional, transcurridos seis años desde la matanza, los  cinco individuos y sus cómplices continúan con sus negocios en total libertad, sin ser inquietados.

Recién el 29 de octubre de 2019, el Fiscal Otoniel Jara Córdova presentó un requerimiento de acusación pidiendo la pena máxima de 35 años de prisión para cinco personas por haber participado en “homicidios calificados con alevosía”. Además, el fiscal pidió ampliar la investigación para determinar la participación de otras diez personas acusadas de haber cometido crueles actos de sometimiento moral y vejaciones físicas.

Los documentos de la comunidad de Saweto denunciando la tala ilegal fueron materialmente utilizados para torturar a los líderes indígenas. Sin la convicción de que los actos cometidos en la selva permanecerían impunes, los agresores no hubiesen humillado, violentado y asesinado a los líderes indígenas.

Los quince imputados por el Fiscal Jara Córdova hacen parte de una investigación por “organización criminal” dedicada a la tala ilegal de la madera en el territorio indígena. La tala ilegal conlleva un sistema de contratación laboral coercitiva conocido como “esquema de habilitación”. El móvil de los asesinatos ha sido el de continuar con la comercialización ilegal de la madera y la consiguiente explotación del trabajo indecente de los indígenas como se resumen en los siguientes párrafos del acto de acusación

Una audiencia en diciembre de 2019: magistrados presos, asesinos libres

El viernes 20 de diciembre de 2019, asistí en el palacio de justicia de Pucallpa a una audiencia pública que presidió la Dra. Melina Díaz Acosta, la Magistrada que impulsó la investigación de la matanza de los dirigentes indígenas.

La audiencia había sido convocada para las tres de la tarde y comenzó con algo más de quince minutos de atraso académico. Al inicio, la Dra. Díaz Acosta hizo saber que la abogada de uno de los acusados había comunicado un certificado médico para justificar su ausencia. De acuerdo con el procedimiento, la jueza postergó el encuentro y fijó inmediatamente una fecha perentoria para una nueva audiencia. El lenguaje corporal de la jueza traducía su fastidio, compartido por el fiscal Jara Córdova.

La audiencia concluyó en pocos minutos y su resultado fue frustrante para las mujeres de la comunidad indígena que se habían trasladado hasta el centro de la capital regional. Sin embargo, el haber asistido a la audiencia me permitió presenciar un instante de un largo y lento procedimiento penal.

La sala de audiencia tenía sillas cómodas y suficientes, acondicionada correctamente para el clima amazónico, con micrófono que permitía escuchar a la magistrada aunque el oído debía estar acostumbrado al acento peruano y conocer  las reglas del procedimiento penal local. A diferencia de lo que ocurrió durante los primeros años del proceso, un sólido penalista de Lima representa la comunidad de Saweto.

Como abogado o simple ciudadano, he vivido situaciones análogas en los tribunales civiles y penales que mucho frecuenté en Ginebra y en Roma. Muchas veces he salido rápidamente de un palacio de justicia luego de haber visto que la audiencia era anulada por la ausencia, justificada a último momento, de la parte adversa; la huelga de alguno de los sectores del poder judicial o la súbita enfermedad de magistrados y abogados.  También los magistrados pueden ser promovidos o reemplazados y se queda con un sentimiento de frustración cuando el procedimiento no avanza.

Una calamidad particular acompaña la búsqueda de justicia de la comunidad de Saweto: en Pucallpa, los magistrados van presos o son removidos y los asesinos siguen libres.

Se recuerda que luego de encarcelar brevemente a algunos sospechosos de los asesinatos, la fiscalía prefirió liberarlos sin importar que continuaran con la explotación aberrante del trabajo de la comunidad indígena y la tala ilegal. En octubre de 2018, al ocupar el cargo de Fiscal Superior Titular, el Dr. Jara Ramírez siguió el enfoque que proponía la magistrada instructora, la antes nombrada Dra. Díaz Acosta. El Dr. Luis Alberto Jara Ramírez aceptó que la fiscalía investigara por homicidio calificado a cinco principales acusados, entre ellos, a Josimar Atachi Felix. Josimar uno de los hermanos Atachi implicados en la matanza pero que, por orden del mismo Jara Ramírez había sido liberado años antes. Finalmente, quien fue preso fue el Dr. Jara Ramírez, el 18 de febrero de 2020, detenido por la Policía Nacional como cabecilla de una red criminal, Los patrones de Ucayali. La banda incluía a dos fiscales y tres asistentes y se la acusa de otorgar puestos de trabajo a cambio de dinero.

En enero de 2020, se reemplazó a la Dra. Díaz Acosta y la Dra. Cesia Marlitt Pérez Rengifo fue designada como magistrada instructora. Durante los dos primeros meses del año, se postergaron las audiencias debido a ausencias por enfermedad de la nueva magistrada. En marzo, la fiscalía contribuyó a la confusión al anunciar la remoción del Fiscal Otoniel Jara Córdova y la necesidad de designar a un nuevo fiscal para que “pueda presentarse con el conocimiento necesario para sustentar” la acusación.

En este contexto, la pandemia provocada por el SARS-COV-2 suspendió la actividad judicial.

Injusticia y crimen

Don Jorge Bergoglio dice haber hecho un “sueño social” sobre la Amazonia, y escribe así: “ A los emprendimientos, nacionales o internacionales, que dañan la Amazonia y no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio y a su demarcación, a la autodeterminación y al consentimiento previo, hay que ponerles los nombres que les corresponde: injusticia y crimen. Cuando algunas empresas sedientes de rédito fácil se apropian de los territorios y llegan a privatizar hasta el agua potable, o cuando las autoridades dan vía libre a las madereras, a proyectos mineros o petroleros y a otras actividades que arrasan las selvas y contaminan el ambiente, se transforman indebidamente las relaciones económicas y se convierten en un instrumento que mata” (párrafo 14 de la Exhortación Apostólica Postsinodal, Querida Amazonia, publicada el 2 de febrero de 2020, las palabras injusticia y crimen figuran en itálicas en el texto difundido por la Santa Sede). Según Francisco, “cuando las autoridades dan vía libre a las madereras, a proyectos mineros o petroleros y a otras actividades que arrasan las selvas y contaminan el ambiente, se transforman indebidamente las relaciones económicas y se convierten en un instrumento que mata”.

En un oportuno reportaje periodístico sobre “la violencia de la impunidad en la Amazonia”, publicado por Ojo Público, el 5 de febrero de 2020, Nelly Luna Amancio y Aramís Castro han recordado que la inacción de las autoridades nacionales y regionales fue decisiva para la matanza de los dirigentes indígenas. Sin mencionar que los hechos habían sido documentados por la OIT, el reportaje destaca nuevamente la complicidad del ingeniero Marcial Pezo Armas (el Director Ejecutivo de la Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre (DRFFS) y de uno de sus colaboradores, el ingeniero agrónomo Roy Pinedo López, con los madereros José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores. Como se ilustró en el informe del comité tripartito de la OIT, recién después de la matanza, el ingeniero Pezo Armas aceptó que se debía desplazar la concesión otorgada a Estrada Huayta en el bosque de la comunidad de Saweto. El ingeniero Pezo Armas recuperó su cargo de Director Ejecutivo de la DRFFS.

Las fiscales ambientales Fanny Álvarez Bravo y Patricia Lucano Gómez continúan con su carrera profesional pese que les cupo a ellas la responsabilidad de haber archivado las denuncias de tala ilegal de la comunidad de Saweto.

La invisible matanza en el informe de la Comisión de Expertos

La publicación de la exhortación apostólica de Francisco coincidió con la difusión del informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, el órgano de la OIT encargado de asegurar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo.  

En la página 728 del informe de la Comisión de Expertos publicado en febrero de 2020, se encuentra una mención a la comunicación enviada por la Confederación Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) sobre el Convenio núm. 169. Esta mera mención se acompaña de la fecha en la que la OIT recibió la comunicación de la CATP, es decir, el 1 de marzo de 2019.

El calculado silencio de la Comisión de Expertos sugiere que la matanza de cuatro dirigentes ashánincas no amerita un tratamiento excepcional. Desde la tibia observación publicada en febrero de 2018[1], la Comisión de Expertos no se inmuta sobre la matanza étnica que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2014, documentada en un informe publicado en junio de 2016.

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[1] https://natanelkin.com/2018/06/13/matanza-de-dirigentes-indigenas-de-saweto-sin-condenar-la-oit-deja-prosperar-la-impunidad/