El 22 de junio de 2021, en Pucallpa, la Dra. Silvana Liselly Salazar Paz dictó auto de enjuiciamiento en contra de Hugo Soria Flores, José Carlos Estrada Huayta, Josimar Atachi Félix, Segundo Euclides Atachi Félix y Eurico Mapes Gomez, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, siendo acusados de “homicidio calificado”, con el agravante de “alevosía”, delito sancionado en el artículo 108, numeral 3 del Código Penal; en agravio de los dirigentes de la comunidad de Saweto, Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramirez.
Desde septiembre de 2014, tramita ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali la investigación de la matanza étnica, sin que en este momento ninguno de los imputados se encuentre preso ni sus bienes hayan sido incautados.
La Corte Superior de Justicia de Ucayali compartió un video que se encuentra disponible en el siguiente link y que permite escuchar y entender lo que sucedió durante las dos horas y cuarenta minutos de la audiencia:
La Dra. Salazar Paz fue muy eficaz para evitar las maniobras dilatorias que le proponían los aguerridos abogados de los acusados como se ilustra en los primeros 25 minutos del video. Por su parte, el Fiscal Dennis Vega Sotelo mantuvo los términos del requerimiento de acusación que se había conocido en octubre de 2019 en el cual la fiscalía pidió la pena máxima de 35 años de prisión para José Carlos Estrada Huayta, el gerente de la empresa maderera y cuatro de sus colaboradores que participaban activamente en la tala ilegal en el territorio de la comunidad indígena Saweto[1].
El resumen de los hechos que ofreció en Facebook el comunicado de la Corte Superior de Justicia de Ucayali es claro y elocuente: el 1 de septiembre de 2014, “las cuatro víctimas fueron torturadas, violadas y ejecutadas presuntamente por un grupo de madereros ilegales a los que habían denunciado por practicar la tala ilegal dentro del territorio de su comunidad, que abarca un área de unas 85.000 hectáreas de selva. Entre las víctimas estaba el activista medioambiental y jefe de esta comunidad de etnia ashéninka, Edwin Chota, junto a sus compañeros Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo. Para ellos, la Fiscalía solicitó una pena de 35 años de cárcel por asesinato, acusación revisada por el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ucayali”.
La Resolución núm. 44 adoptada por la Dra. Salazar Paz es irreprochable y concluye diciendo que “al existir suficientes elementos de convicción sobre la presunta participación de los imputados, amerita el debate en juicio oral”.
Para quienes tengan paciencia y pasión por escuchar la voz segura de la Magistrada, propongo que oigan al menos los últimos ocho minutos del audio de la audiencia donde se encuentra el auto de enjuiciamiento (desde el minuto 2:27:30). También se aclara que la parte agraviada solicita una reparación civil de un millón de soles, doscientos cincuenta mil soles por cada dirigente asesinado. Un minuto antes de finalizar, la magistrada recuerda que la judicatura no ha dictado ninguna medida coercitiva, como la prisión preventiva, contra ninguno de los acusados, ni tampoco sus bienes han sido incautados.
La impunidad que gozan los autores de la matanza étnica a la vera del poderoso río Ucayali, tampoco ha inmutado a la OIT que se encuentra a orillas del plácido lago Lemán. Como se dice de manera recurrente en este blog[2], desde junio de 2016 la OIT sabía perfectamente lo ocurrido en el bosque de Ucayali. Un comité tripartito compuesto por un diplomático venezolano, una representante sindical y un abogado empresarial colombianos, tomó conocimiento de los elementos que permiten concluir que los dirigentes ashánincas fueron asesinados como resultado de la falta de cumplimiento del Convenio núm. 169 por parte de las autoridades nacionales y regionales competentes. Al igual que en el auto de enjuiciamiento dictado por la magistrada de Ucayali, en el párrafo 267 del informe del comité tripartito se habían identificado a los cinco principales involucrados en el homicidio calificado de los cuatro dirigentes indígenas de Saweto. Pese al señalamiento en un informe internacional, transcurridos seis años desde la matanza, los cinco individuos y sus cómplices continúan con sus negocios en total libertad, sin ser inquietados.
Ahora que se escuchó la voz clara de la Dra. Salazar Paz promoviendo el juicio oral de los acusados, cabe esperar que la Comisión de Expertos, el órgano de la OIT, al reunirse en noviembre-diciembre de 2021, asuma su responsabilidad de hacer cumplir el Convenio núm. 169 y logre que determinen las responsabilidades y se sancionen a los culpables de la matanza étnica de los dirigentes de Saweto.
[1] https://natanelkin.com/2020/07/25/mutismo-de-la-oit-frente-a-matanza-etnica/#Una-audiencia-en-diciembre-de-2019-magistrados-presos-asesinos-libres donde se comenta el requerimiento de acusación.
[2] https://natanelkin.com/2018/06/13/matanza-de-dirigentes-indigenas-de-saweto-sin-condenar-la-oit-deja-prosperar-la-impunidad/
