En una audiencia pública (disponible en Facebook), el 16 de febrero de 2023, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali sentenció a veintiocho años y tres meses de cárcel y al pago de doscientos mil soles por concepto de reparación civil a Hugo Soria Flores, Eurico Mapes Gomez, José Estrada Huayta y a los hermanos Atachi Felix por homicidio en agravio de cuatro líderes indígenas.
José Estrada Huayta es el gerente del emprendimiento maderero responsable de haber establecido un sistema ilegal para la tala ilegal en el bosque de Ucayali en las cercanías de la comunidad asháninca Alto Tamaya Saweto.
El 1 de septiembre de 2014 fueron asesinados Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez.
La comunidad de Saweto, con el apoyo de la Confederación de Trabajadores Autónomos del Perú (CATP) y de las confederaciones sindicales regionales (CSA) e internacionales (CSI), presentó una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo por la muy grave violación del Convenio núm. 169 que significó la masacre de los dirigentes indígenas y el deteriorio de las condiciones de vida y de trabajo en la selva amazónica.
En mi libro publicado por Aranzadi España se analiza en detalle la actitud de la OIT frente a la masacre.
Gracias, Natán, por compartir. Se hizo justicia
[…] Una semana después del evento, el 16 de febrero de 2024, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali sentenció a veintiocho años y tres meses de cárcel y al pago de doscientos mil soles por concepto de reparación civil a los cinco implicados en la matanza étnica de los líderes de la comunidad de Saweto (https://natanelkin.com/2023/02/17/condenados-28-anos-de-carcel-los-asesinos-de-lideres-indigenas-de-…). […]
[…] Las dos sentencias – la de primera instancia y la de apelación – se dictaron nueve años después de haberse producido el crimen. El crimen sucedió en un lugar de difícil acceso – lo que no es un eufemismo en la Amazonía. Los tribunales tienen su sede en Pucallpa, la capital regional, una ciudad que ha prosperado especialmente con el comercio de madera proveniente de la tala legal e ilegal. Las víctimas fueron cuatro dirigentes indígenas y la sentencia de primera instancia había valorizado la palabra de las mujeres indígenas y de los otros miembros de la comunidad para dictar una pena de 28 años y tres meses de cárcel por homicidio con alevosía. […]