Saweto – condenados pero libres los autores de la matanza étnica, diez minutos de audiencia

En Pucallpa, en una modesta y bien equipada sala del Poder Judicial, el jueves 11 de abril pasado, durante una audiencia transmitida en directo por el canal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, disponible en Facebook y en mi canal YouTube,  la Dra. Ana Bedoya Maque, presidiendo un tribunal de tres magistrados, dictó una sentencia en la que se condena a “los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta como autores mediatos de homicidio calificado, y a los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix como sus coautores, en agravio de cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto, identificados como Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez y Leoncio Quintisima Meléndez”, según informa una nota del gob.pe en la Plataforma digital única del Estado Peruano: Sentencia histórica: Empresarios madereros condenados a 28 años por homicidio de líderes indígenas en Ucayali.

La audiencia duró una hora y media. Sin embargo, la sorpresa, al menos para los neófitos del derecho peruano, aparece en los últimos minutos de la audiencia cuando se comprende que los autores de los asesinatos siguen en libertad, debido a sutilezas de la práctica y derecho procesal que no están a mi alcance explicar. Además de los cuatro condenados mencionados, hay otro más oficialmente prófugo (Eurico Mapes Gomes).

Aunque los asesinos probablemente nunca pernoctarán en las acogedoras prisiones amazónicas, me he deleitado al escuchar la decisión. Prefiero adelantar estas reflexiones dado que podría suceder que, si acaso lleguen los tribunales peruanos a dictar una condena definitiva de alguien, yo no cuente todavía con lucidez suficiente como para comentar, ese hipotético día, esa decisión.

Aunque la matanza étnica ocurrió en un recóndito punto de la Amazonía, en octubre de 2014, aterrizó en mi despacho del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo la copiosa, detallada y completa documentación que prepararon las organizaciones sindicales para presentar una reclamación por la clara violencia y violación que había sufrido en el Perú el Convenio núm. 169.

Como lo explicó el informe del comité tripartito aprobado por el Consejo de Administración de la OIT en junio de 2016, el meollo del conflicto resulta de que las autoridades peruanas, a nivel nacional y regional, dejaron que prosperen las tensiones entre la comunidad indígena asentada en el bosque de Ucayali y el titular de una concesión maderera, una concesión otorgada sin consulta previa. La madera explotada por la concesión ECOFUSAC no respetó la legislación ambiental, como lo comprobaron las investigaciones solicitadas por la comunidad de Saweto y destaca también la sentencia.

Dese los primeros minutos de la audiencia, se entiende que la decisión se fundó en la labor de la Policía Nacional del Perú, en los peritajes antropológicos y en las conclusiones técnicas de los especialistas que intervinieron en la reconstrucción de la emboscada. La sentencia contribuye a la explicación del conflicto sobre la delimitación del territorio indígena y la explotación de la madera, enfrentamiento público y notorio entre el gerente de la concesión forestal ECOFUSAC, José Estrada Huayta (presente en la audiencia) y el líder indígena Edwin Chota Valera, asesinado junto a tres otros líderes indígenas.

Aunque son muchos los párrafos de la sentencia que se dedican a demostrar la actitud despectiva y agresiva de los madereros hacia Edwin Chota Valera, me parece que lo más fácil es pensar que estamos en un salón invitados a escuchar los bocetos de un texto que jugará un papel decisivo en la atribución de un Nobel.

En este caso, en el audio que se comparte a continuación se escucha exclusivamente una voz femenina que durante diez minutos cuenta los insultos, las amenazas y los atropellos que los madereros le propinaron a Edwin Chota, los días 29 y 30 de agosto, antes de que se produzca, el 1 de septiembre, la emboscada en donde fueron asesinados los dirigentes indígenas. El 2 de septiembre, los colaboradores de la concesión maderera pidieron a Estrada Huayta que cumpla y pague por haber matado a los indígenas.